LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO
EL PAÍS - Opinión - 18-06-2009
Menos ladrillos, más ordenadores". El presidente José Luis Rodríguez Zapatero eligió la plaza de toros de Vista Alegre, el pasado 10 de mayo, para acuñar el lema del nuevo modelo económico que propugna. Tras el desplome del sector inmobiliario, la primera parte del programa está garantizada; no es tan seguro que la segunda pueda alcanzarse con sólo voluntad política. Ladrillo es una forma abreviada de referirse a la construcción, y posee abundantes connotaciones negativas, ya que en el uso común se asocia a la edificación excesiva y a la promoción especulativa; ordenador, por el contrario, remite al mundo fascinante de la Red, y sirve como signo de la nueva economía del conocimiento.
Censurar los abusos inmobiliarios y preconizar la modernidad informática suscita el aplauso fácil, pero no es seguro que dibuje un modelo verosímil: por un lado, la construcción no merece el papel de chivo expiatorio de la crisis, ya que ha sido un motor de la prosperidad española durante muchos años, y desempeñará sin duda un papel relevante en el futuro económico del país; por otro, el desarrollo basado en la innovación y el conocimiento difícilmente puede ofrecer resultados a corto plazo, habida cuenta de la precariedad actual de las universidades y la investigación, necesitadas de una reforma educativa desde los cimientos que sólo puede dar frutos tras décadas de esfuerzos.
Si España debe de mirar hacia Florida o hacia California es una discursión añeja, pero en cualquier caso la capacidad de elección viene condicionada por nuestros recursos geográficos, técnicos y humanos, que determinan las ventajas competitivas de los diferentes sectores, y no parece que el de la construcción sea el más ineficaz.
Desde luego, las 800.000 viviendas anuales que llegamos a alcanzar hace bien poco formaban parte de una burbuja especulativa creada por el exceso de liquidez y la canalización del ahorro hacia la inversión residencial, pero alimentada también por la demanda de la población inmigrante en las ciudades y de los europeos acomodados en las costas.
Tras el estallido de la burbuja, nada hace pensar que la construcción no pueda seguir siendo -junto con el turismo, la banca comercial o las energías renova-bles- un puntal del modelo económico. Deberán levantarse menos viviendas nuevas y menos edificios institucionales ostentosos, habrá de prestarse más atención a la rehabilitación o reforma de lo existente, y será imprescindible que la sostenibilidad impregne tanto la construcción como el urbanismo, situando el medio ambiente y el paisajismo en el corazón crítico de la arquitectura; pero el hoy denostado ladrillo continuará soportando el empleo y el bienestar de los españoles.
Dos semanas más tarde que Zapatero, el ministro de Fomento, José Blanco, formuló en el Congreso de los Diputados su propio lema departamental: "Menos puentes de Moneo y más infraestructuras". El mensaje, más allá del desliz de confundir a Moneo con Calatrava, matiza y en parte contradice el del presidente del Gobierno. Por una parte, se declara a favor de las infraestructuras, lo que supone apoyar la construcción, aunque más en su variante ingenieril del cemento que en su versión arquitectónica del ladrillo; entendido de esta forma, viene a ser una reiteración de las políticas neokeynesianas que procuran reanimar la economía con el electroshock de las obras públicas, de manera que el endeudamiento del Estado reemplace con cemento público el desfallecimiento del ladrillo privado.
Pero, por otra parte, manifiesta su oposición a la autoría, lo que puede interpretarse como desconfianza ante esa economía del conocimiento y la excelencia que Zapatero parece defender o, más benévolamente, como simple rechazo del despilfarro que con frecuencia se asocia a los proyectos de autor. Por desgracia, ese despilfarro se produce demasiado a menudo, pero, en la mayor parte de los casos, más por la ineficacia de la gestión y el descontrol de los procesos que por incompetencia o descuido de los arquitectos, a los que tradicionalmente se les ha inculcado -como solía decir el desaparecido maestro Alejandro de la Sota- que deben dar liebre por gato: ofrecer a la sociedad y al usuario más esfuerzo y rigor que los habitualmente demandados por el cliente público o privado.
Acaso sea el momento de recordarlo sin jactancias: si nos guiamos por el ranking internacional más difundido, es fácil hallar media docena de arquitectos españoles -y a menudo un número mayor- entre los cien más destacados del mundo; por lo menos en este asunto de las listas, la arquitectura está acercándose al nivel del tenis, y los medios se ocupan de sus éxitos en el extranjero con la misma devoción que merecen las victorias deportivas.
Sin embargo, y en contraste, no existe ninguna universidad española entre las cien primeras de los rankings más respetados; hay, es cierto, escuelas de negocios con proyección y prestigio internacional, pero ninguna universidad como tal alcanza a pasar el corte del top cien. ¿No sería una forma más eficaz de promover la economía del conocimiento proponerse un objetivo alcanzable y verificable como, por ejemplo, situar tres universidades españolas entre las cien mejores del mundo en un plazo de 20 años?
El tiempo necesario para materializar estas ambiciones intelectuales y científicas desborda probablemente los ciclos cortos de la política electoral, pero el objetivo está en proporción con nuestro peso demográfico y económico, de manera que sólo las pequeñas mezquindades partidarias podrían dificultar su logro. En cualquier caso, y mientras eso no suceda, los arquitectos -y los tenistas- serán los representantes de la excelencia española en el mundo.
A muchos les resultará paradójico que se defienda el ladrillo como parte de la economía del conocimiento, pero lo cierto es que, junto a los intolerables abusos de la codicia inmobiliaria, en este sector ha habido muchos episodios modélicos y muchos ejemplos de liderazgo, por lo que no parece sensato fustigarlo sin motivo desde el poder, sea a cuenta de la seguridad de Barajas o de los puentes de Moneo.
Más contradictorias con los objetivos declarados de configurar una economía verde son desde luego las subvenciones al automóvil, que se han aceptado con docilidad por entenderlas coyunturales o de emergencia, pero que actúan en sentido contrario a las políticas nominalmente defendidas por el Gobierno. El automóvil, como generador del urbanismo disperso, es el principal enemigo de la sostenibilidad, pero todavía no acaba de entenderse bien que los bloques atroces de Paco el Pocero son ecológicamente menos lesivos para el territorio que las extensiones interminables de chalés o adosados. Más que los colectores solares en los tejados, lo que hace a una ciudad sostenible es la densidad, un objetivo incompatible con la suburbanización contemporánea.
En los próximos años, como sostiene Carlos Slim, probablemente nuestra tarea sea crear empleo incluso en ausencia de crecimiento, y en ello la construcción puede ser un instrumento fundamental, y no sólo porque las rehabilitaciones y remodelaciones que van a protagonizar el futuro inmediato son más intensivas en trabajo que la obra nueva, sino porque mucho de lo que debe hacerse tiene casi el carácter de crecimiento negativo: un urbanismo del despojamiento, que elimine todos los elementos innecesarios o agresivos del paisaje urbano, desde las vallas publicitarias hasta el mobiliario redundante, limitando la presencia del automóvil y amortiguando con vegetación los errores del pasado; y una arquitectura de lo esencial, que valore la continuidad física e histórica, y que sepa dar más por menos.
Quizá es cierto que necesitamos menos ladrillos, pero sobre todo necesitamos ciudades más sostenibles; y quizá también necesitamos más ordenadores, pero sobre todo necesitamos mejores escuelas. Contribuyendo a la creación de empleo y a la competitividad del país, la arquitectura -el ladrillo- puede suministrar más eficacia, más placer y más belleza. Nuestras vidas son necesariamente breves, pero no es imprescindible que además sean brutales.
Censurar los abusos inmobiliarios y preconizar la modernidad informática suscita el aplauso fácil, pero no es seguro que dibuje un modelo verosímil: por un lado, la construcción no merece el papel de chivo expiatorio de la crisis, ya que ha sido un motor de la prosperidad española durante muchos años, y desempeñará sin duda un papel relevante en el futuro económico del país; por otro, el desarrollo basado en la innovación y el conocimiento difícilmente puede ofrecer resultados a corto plazo, habida cuenta de la precariedad actual de las universidades y la investigación, necesitadas de una reforma educativa desde los cimientos que sólo puede dar frutos tras décadas de esfuerzos.
Si España debe de mirar hacia Florida o hacia California es una discursión añeja, pero en cualquier caso la capacidad de elección viene condicionada por nuestros recursos geográficos, técnicos y humanos, que determinan las ventajas competitivas de los diferentes sectores, y no parece que el de la construcción sea el más ineficaz.
Desde luego, las 800.000 viviendas anuales que llegamos a alcanzar hace bien poco formaban parte de una burbuja especulativa creada por el exceso de liquidez y la canalización del ahorro hacia la inversión residencial, pero alimentada también por la demanda de la población inmigrante en las ciudades y de los europeos acomodados en las costas.
Tras el estallido de la burbuja, nada hace pensar que la construcción no pueda seguir siendo -junto con el turismo, la banca comercial o las energías renova-bles- un puntal del modelo económico. Deberán levantarse menos viviendas nuevas y menos edificios institucionales ostentosos, habrá de prestarse más atención a la rehabilitación o reforma de lo existente, y será imprescindible que la sostenibilidad impregne tanto la construcción como el urbanismo, situando el medio ambiente y el paisajismo en el corazón crítico de la arquitectura; pero el hoy denostado ladrillo continuará soportando el empleo y el bienestar de los españoles.
Dos semanas más tarde que Zapatero, el ministro de Fomento, José Blanco, formuló en el Congreso de los Diputados su propio lema departamental: "Menos puentes de Moneo y más infraestructuras". El mensaje, más allá del desliz de confundir a Moneo con Calatrava, matiza y en parte contradice el del presidente del Gobierno. Por una parte, se declara a favor de las infraestructuras, lo que supone apoyar la construcción, aunque más en su variante ingenieril del cemento que en su versión arquitectónica del ladrillo; entendido de esta forma, viene a ser una reiteración de las políticas neokeynesianas que procuran reanimar la economía con el electroshock de las obras públicas, de manera que el endeudamiento del Estado reemplace con cemento público el desfallecimiento del ladrillo privado.
Pero, por otra parte, manifiesta su oposición a la autoría, lo que puede interpretarse como desconfianza ante esa economía del conocimiento y la excelencia que Zapatero parece defender o, más benévolamente, como simple rechazo del despilfarro que con frecuencia se asocia a los proyectos de autor. Por desgracia, ese despilfarro se produce demasiado a menudo, pero, en la mayor parte de los casos, más por la ineficacia de la gestión y el descontrol de los procesos que por incompetencia o descuido de los arquitectos, a los que tradicionalmente se les ha inculcado -como solía decir el desaparecido maestro Alejandro de la Sota- que deben dar liebre por gato: ofrecer a la sociedad y al usuario más esfuerzo y rigor que los habitualmente demandados por el cliente público o privado.
Acaso sea el momento de recordarlo sin jactancias: si nos guiamos por el ranking internacional más difundido, es fácil hallar media docena de arquitectos españoles -y a menudo un número mayor- entre los cien más destacados del mundo; por lo menos en este asunto de las listas, la arquitectura está acercándose al nivel del tenis, y los medios se ocupan de sus éxitos en el extranjero con la misma devoción que merecen las victorias deportivas.
Sin embargo, y en contraste, no existe ninguna universidad española entre las cien primeras de los rankings más respetados; hay, es cierto, escuelas de negocios con proyección y prestigio internacional, pero ninguna universidad como tal alcanza a pasar el corte del top cien. ¿No sería una forma más eficaz de promover la economía del conocimiento proponerse un objetivo alcanzable y verificable como, por ejemplo, situar tres universidades españolas entre las cien mejores del mundo en un plazo de 20 años?
El tiempo necesario para materializar estas ambiciones intelectuales y científicas desborda probablemente los ciclos cortos de la política electoral, pero el objetivo está en proporción con nuestro peso demográfico y económico, de manera que sólo las pequeñas mezquindades partidarias podrían dificultar su logro. En cualquier caso, y mientras eso no suceda, los arquitectos -y los tenistas- serán los representantes de la excelencia española en el mundo.
A muchos les resultará paradójico que se defienda el ladrillo como parte de la economía del conocimiento, pero lo cierto es que, junto a los intolerables abusos de la codicia inmobiliaria, en este sector ha habido muchos episodios modélicos y muchos ejemplos de liderazgo, por lo que no parece sensato fustigarlo sin motivo desde el poder, sea a cuenta de la seguridad de Barajas o de los puentes de Moneo.
Más contradictorias con los objetivos declarados de configurar una economía verde son desde luego las subvenciones al automóvil, que se han aceptado con docilidad por entenderlas coyunturales o de emergencia, pero que actúan en sentido contrario a las políticas nominalmente defendidas por el Gobierno. El automóvil, como generador del urbanismo disperso, es el principal enemigo de la sostenibilidad, pero todavía no acaba de entenderse bien que los bloques atroces de Paco el Pocero son ecológicamente menos lesivos para el territorio que las extensiones interminables de chalés o adosados. Más que los colectores solares en los tejados, lo que hace a una ciudad sostenible es la densidad, un objetivo incompatible con la suburbanización contemporánea.
En los próximos años, como sostiene Carlos Slim, probablemente nuestra tarea sea crear empleo incluso en ausencia de crecimiento, y en ello la construcción puede ser un instrumento fundamental, y no sólo porque las rehabilitaciones y remodelaciones que van a protagonizar el futuro inmediato son más intensivas en trabajo que la obra nueva, sino porque mucho de lo que debe hacerse tiene casi el carácter de crecimiento negativo: un urbanismo del despojamiento, que elimine todos los elementos innecesarios o agresivos del paisaje urbano, desde las vallas publicitarias hasta el mobiliario redundante, limitando la presencia del automóvil y amortiguando con vegetación los errores del pasado; y una arquitectura de lo esencial, que valore la continuidad física e histórica, y que sepa dar más por menos.
Quizá es cierto que necesitamos menos ladrillos, pero sobre todo necesitamos ciudades más sostenibles; y quizá también necesitamos más ordenadores, pero sobre todo necesitamos mejores escuelas. Contribuyendo a la creación de empleo y a la competitividad del país, la arquitectura -el ladrillo- puede suministrar más eficacia, más placer y más belleza. Nuestras vidas son necesariamente breves, pero no es imprescindible que además sean brutales.
